La abogacía cierra filas a ambos lados del Atlántico: Convenio europeo, justicia digital y pensiones de los mutualistas
Madrid ha sido esta semana el punto de encuentro de la abogacía organizada de tres continentes jurídicos. El Consejo General de la Abogacía Española reunió durante tres días a los máximos representantes de la profesión en Europa e Iberoamérica para trasladar un mensaje de unidad ante los desafíos compartidos: la independencia profesional, el derecho de defensa, el acceso a la justicia y el Estado de derecho. Junto al presidente de la Abogacía Española, Salvador González, participaron los presidentes del Consejo de la Abogacía Europea (CCBE), Roman Završek; de la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados (UIBA), Alfonso Pérez-Cuellar; y de la Ordem dos Advogados de Portugal, João Massano.
El momento no es casual. El encuentro llegó apenas una semana después de un hito que marca el calendario de la profesión en Europa, y con dos asuntos de fondo —uno europeo, otro netamente español— que conviene situar en su contexto.
El Convenio del Consejo de Europa: el primer tratado que blinda la profesión
El telón de fondo del encuentro fue la reciente firma del Convenio del Consejo de Europa para la Protección de la Profesión de la Abogacía. Se trata del primer tratado internacional vinculante concebido específicamente para proteger el ejercicio de la abogacía, en respuesta al aumento de ataques, amenazas, acoso e injerencias que sufren los profesionales en numerosos países.
El instrumento fue adoptado por el Comité de Ministros del Consejo de Europa el 12 de marzo de 2025 y abierto a la firma el 13 de mayo de ese año. España lo suscribió en Estrasburgo el 19 de junio de 2026 —firma a cargo del ministro Félix Bolaños junto al presidente del CGAE—, convirtiéndose en el trigésimo cuarto Estado firmante. El convenio articula estándares mínimos comunes: la obligación de los Estados de garantizar que los abogados puedan ejercer sin ataques ni interferencias indebidas, el refuerzo de la confidencialidad de las comunicaciones abogado-cliente, cautelas específicas frente a la incautación de documentación profesional y un mecanismo internacional de supervisión de su cumplimiento.
Conviene precisar su estado, porque firma no equivale a vigencia: el convenio aún no está en vigor, ya que necesita la ratificación de al menos ocho partes, seis de ellas Estados miembros del Consejo de Europa. En el plano interno, la firma se suma a la Ley Orgánica del Derecho de Defensa ya vigente en España, de modo que la protección nacional y la internacional empiezan a converger sobre un mismo eje: garantizar que la defensa pueda ejercerse sin presiones.
La dimensión digital, terreno común del debate profesional
Más allá de la protección de la profesión, el encuentro dedicó atención a un asunto que ya es transversal en cualquier foro de la abogacía: la transformación digital de la Justicia y el impacto de la inteligencia artificial en el ejercicio profesional.
No es un tema menor ni accesorio. La irrupción de la IA en la práctica jurídica —desde la asistencia documental hasta los sistemas de apoyo a la decisión— plantea cuestiones de fondo que la profesión está obligada a abordar de forma coordinada: la salvaguarda del secreto profesional frente a herramientas que procesan información del cliente, la responsabilidad por el uso de sistemas automatizados y la preservación del criterio independiente del abogado frente a la delegación tecnológica. Que europeos e iberoamericanos lo hayan abordado conjuntamente apunta a una conciencia compartida: las respuestas a estos retos serán más sólidas si se construyen de manera coordinada que si cada jurisdicción improvisa la suya.
La Pasarela al RETA: el frente interno de la profesión española
El tercer asunto que González trasladó a sus homólogos es de alcance estrictamente español, pero de enorme relevancia para miles de profesionales: la conocida como Pasarela al RETA, una reivindicación largamente sostenida por los colectivos de mutualistas.
El problema es conocido. Profesionales colegiados —abogacía, arquitectura, entre otros— que cotizaron a mutualidades de previsión social alternativas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos se han encontrado, al jubilarse, con pensiones muy bajas, en muchos casos de entre 300 y 500 euros mensuales, fruto de la deriva de aquellas mutualidades hacia un modelo de capitalización individual. La proposición de ley —registrada por el Grupo Socialista en noviembre de 2024— habilita una vía excepcional y voluntaria para transferir a la Tesorería General de la Seguridad Social los derechos económicos acumulados, con la perspectiva de elevar de forma significativa la pensión resultante.
El texto fue aprobado por el Pleno del Congreso el 11 de junio de 2026, con una enmienda que amplió su alcance al eliminar los requisitos que dejaban fuera a buena parte de los afectados, incluidos los ya jubilados, y con incentivos de cómputo para los mayores de 52 años y exención fiscal de la transferencia en el IRPF. La proposición continúa ahora su tramitación en el Senado; cualquier modificación que allí se introduzca deberá ser ratificada de nuevo por el Congreso antes de su publicación en el BOE, y su eficacia real dependerá en buena medida del desarrollo reglamentario posterior. Es decir: la puerta está abierta, pero el recorrido legislativo no ha concluido.
Una agenda compartida
El encuentro de Madrid deja una fotografía nítida del estado de la profesión: una agenda que combina la protección frente a las amenazas a la independencia (el convenio europeo), la adaptación a la transformación tecnológica (justicia digital e IA) y los problemas estructurales de cada sistema nacional (las pensiones de los mutualistas en España). Tres planos distintos que comparten un mismo hilo conductor —la cooperación internacional como herramienta— y que confirman algo que el directorio de eventos jurídicos viene constatando: los grandes debates de la abogacía ya no se circunscriben a una jurisdicción, sino que se piensan, cada vez más, en clave europea e iberoamericana.
Fuente: nota de prensa del Consejo General de la Abogacía Española.
Tags: Abogacía, Información
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