El Ateneo de Madrid acogió el pasado 25 de junio el acto «Justicia atacada: las sanciones contra la Corte Penal Internacional», un encuentro dedicado a analizar las sanciones impuestas por Estados Unidos contra jueces y funcionarios de la Corte Penal Internacional (CPI) y sus implicaciones para el sistema de justicia internacional. La jornada fue organizada por el movimiento paneuropeo Eumans, en colaboración con la organización No Peace Without Justice (NPWJ), y coordinada por la responsable de Eumans en España, Liubba El Hadi Hamed.
El acto reunió a la jueza de la CPI Solomy Balungi Bossa, al jurista Baltasar Garzón y al eurodiputado Juan Fernando López Aguilar, que debatieron sobre el alcance de las medidas estadounidenses y sus efectos sobre la independencia judicial internacional.
En su intervención, la jueza Balungi Bossa describió el impacto de las sanciones en su actividad cotidiana: según relató, le fueron bloqueadas cuentas bancarias y tarjetas, así como la posibilidad de realizar transferencias internacionales y de acceder a determinados servicios de comunicación y trabajo. Afirmó que la medida no respondía a irregularidad alguna por su parte, sino al ejercicio de su función jurisdiccional. La jueza vinculó su caso a la decisión sobre la investigación de los crímenes cometidos en Afganistán —adoptada, recordó, por unanimidad de un panel de cinco magistrados— y cuestionó que las sanciones se dirigieran inicialmente solo contra algunos de sus integrantes. A su juicio, el efecto perseguido sería disuasorio sobre el conjunto de la justicia internacional.
Balungi Bossa subrayó asimismo el papel de las organizaciones de la sociedad civil y de la solidaridad profesional como apoyo para los jueces y fiscales sometidos a este tipo de presión.
El encuentro se enmarca en la campaña europea «Defiende la Corte Penal Internacional», impulsada por Eumans y NPWJ, que reclama a las instituciones de la Unión Europea la activación del llamado Estatuto de Bloqueo —el mecanismo comunitario que limita la eficacia en territorio europeo de determinadas sanciones extraterritoriales— como vía de protección de la Corte. El acto contó con el respaldo de las asociaciones APDHE, FIBGAR y MDPL.
Más allá de las posiciones expresadas por sus participantes, la jornada situó en el debate público una cuestión jurídica de fondo: la tensión entre las sanciones extraterritoriales y la independencia de las instituciones de justicia internacional, un asunto que afecta directamente al espacio jurídico europeo y sobre el que el directorio seguirá informando a medida que se concreten las respuestas institucionales.
Fuente: nota de prensa de Eumans y No Peace Without Justice (NPWJ).
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