Fundación Wolters Kluwer lanza el Observatorio de los ODS en el Sector Público

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Fundación Wolters Kluwer ha presentado el I Informe del Observatorio de los ODS en el Sector Público, un proyecto creado con el objetivo de promover la excelencia en el sector público en España mediante la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

Siendo la contratación pública el aspecto más expuesto a la corrupción en el ámbito de la administración y la empresa públicas, el Observatorio ha elegido el ODS 16, que promueve la paz, la solidez de las instituciones y la Justicia, para la elaboración de su primer estudio: ‘La transparencia como antídoto a la corrupción en la contratación pública: prevención y represión’.

La mesa redonda virtual inaugurada por Cristina Sancho, presidenta de la Fundación Wolters Kluwer, ha contado con la participación de Concepción Campos, doctora en Derecho y directiva pública profesional; Joaquín Delgado, magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional; Isabel Fernández, consejera del Tribunal de Cuentas y profesora titular de Derecho Mercantil de la Universidad Complutense de Madrid y Ana Isabel Gómez, magistrada de la Sala de lo Contencioso- Administrativo de la Audiencia Nacional.

Un problema que está muy lejos de verse superado

Cristina Sancho ha reiterado que este Informe “aporta no sólo una perspectiva inédita a un problema que está muy lejos de verse superado en nuestro país, sino una herramienta especialmente necesaria para contribuir a erradicar la lacra de la corrupción”. Según el último informe de la ONG Transparencia Internacional sobre el índice de percepción de la Corrupción 2022, España ha descendido dos puestos en 2021 en el mencionado ranking, ocupando en el último ejercicio la posición 34/180 de los países que conforman la Comunidad Internacional y el puesto número 14/27 de la Unión Europea.

“Queda un amplio recorrido en la transformación cultural de la ética e integridad públicas”

Concepción Campos ha comenzado su intervención refiriéndose a la contratación pública como una de las actividades más expuestas a la corrupción por su elevado presupuesto. También ha subrayado que en España no hay una estrategia anticorrupción que sirva de guía de las medidas preventivas y represivas para combatirla. Por ello, cree que “todavía queda un amplio recorrido para hablar de la debida transformación cultural en la que la ética y la integridad públicas dejen de ser algo más que un mensaje y se conviertan en una realidad”. La falta de profesionalización en la contratación pública es otro de los déficits a los que ha apuntado Campos: “no quiero decir que no haya buenos profesionales en la contratación pública, sino que no está suficientemente profesionalizada”

Especialización de los órganos judiciales

Isabel Fernández ha señalado que el principal reto del Tribunal de Cuentas en materia de contratación es hacer un examen mucho más exhaustivo de la fase de ejecución de los contratos. Por su parte, la magistrada Ana Isabel Gómez ha expuesto cómo pueden mejorar los tiempos en la Justicia y ha instado a una especialización de los órganos judiciales: “es muy necesario que los jueces y fiscales cuenten con el asesoramiento de personas independientes, avaladas por su experiencia y su imparcialidad, en materia de economía y contabilidad. Se orientaría la investigación y evitaría muchas diligencias de instrucción innecesarias que alargan hasta el infinito los procedimientos y que al final los devalúa”.

Propuestas firmes de mejora en la prevención y represión de la corrupción

El magistrado Joaquín Delgado ha propuesto una serie de mejoras en la prevención y represión de la corrupción: mejorar el marco procesal y organizativo del sistema penal agilizando “la instrucción y enjuiciamiento de los macroprocesos por corrupción en la contratación pública”; perfeccionar los mecanismos de conexión entre el sistema judicial y la Administración Pública para facilitar la prohibición de contratar en caso de condena firme por la comisión de determinados delitos, así como proteger a los informantes o alertadores en su relación con el proceso penal; o examinar en los programas de compliance de contratistas y licitadores elementos destinados a prevenir la corrupción en la contratación pública e impulsar medidas destinadas a mejorar la eficacia de la instrucción y el enjuiciamiento, así como la ejecución rápida y completa de las sentencias del Tribunal de Cuentas.

Fuente: Wolters Kluwer

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