Transparencia Internacional España ha organizado una Mesa Redonda el pasado 17 de mayo donde se ha abordado la figura jurídica de la Acción popular desde muy diversas perspectivas y voces: Pablo Ruz (Juez), Alejandro Luzón (Fiscal), Nicolás Rodríguez (Catedrático Univ. Salamanca), Antonio Penadés (Acción Cívica), Carlos Castresana (Ex-Comisionado ONU contra la corrupción), como representante del Gobierno: Nicolás Cabezudo (Ministerio de Justicia), y Jesús Lizcano (Presidente de TI-España) como moderador.
“En una valoración global (de la Acción popular) creo que se ha cometido un abuso de la misma y un mal uso de ella a veces, seguramente por una falta de vigilancia. Pero también ha fortalecido el poder judicial, ha permitido profundizar en investigaciones complejas y ha permitido dotar de una mayor independencia y control al fiscal”, argumentaba el juez Pablo Ruz iniciando la mesa. En esta línea intervino el Fiscal Alejandro Luzón, quien habló de esta figura como uno de los pocos derechos constitucionales no regulados. Precisamente, indicó la importancia de esto último para que no se produzcan abusos como los cometido por los partidos políticos: “han utilizado la Acción Popular como una prolongación de la lucha electoral”.
Limitaciones a la Acción Popular
Carlos Castresana, ex Fiscal anticorrupción, abordo la relación de la fiscalía y la Acción Popular, destacando el carácter preventivo de esta figura y que debería quedar reducida a casos indispensables y más trascendentes.
“Las asociaciones que hagan uso de ella deberían guardar relación con el objeto del procedimiento y que se determine los delitos que atacan intereses colectivos, entre ellos los relacionados con la corrupción”, era la propuesta de Alejandro Luzón. Sin embargo, Nicolás Rodríguez, catedrático de la Universidad de Salamanca, señaló que las limitaciones a la Acción Popular están no justificadas. “Es cierto que ha habido abusos, pero tienen que ser reconducidos desde la legislación. Los jueces son quienes tienen que vigilar a esta acusación popular”.
Por parte del Gobierno (Subsecretaría del Ministerio de Justicia), Nicolás Cabezudo intentó mostrar que las restricciones a esta figura han ido debilitándose: “El borrador de 2013 es menos restrictivo que el proyecto de 2011”.
Eliminación de la Acción Popular
Nicolás Cabezudo contestó al resto de ponentes negando la existencia de un proyecto para abolir la Acción Popular. “El Ministerio de Justicia no quiere suprimir la acusación popular. Es cierto que se quiere regular y existe un proyecto para limitarla”.
“Como padre de un hijo haitiano ejercí la acusación popular a título individual en el caso Cooperación (en Valencia). Esta experiencia me permitió descubrir que sólo existía la acusación del PSOE y de las ONG y que existía un inmenso campo de trabajo con esta figura. Comencé a ganarme la confianza de la Fiscalía y poco a poco colaboré con su trabajo. Así entiendo yo la Acción Popular, es decir, como complemento de la Fiscalía”, narraba su historia Antonio Penadés, presidente de Acción Cívica, quien estaba totalmente en contra de la abolición de ésta.
Incluso Nicolás Rodríguez fué más allá en el planteamiento de la posible eliminación: “Primero se abolirá la Acción Popular, luego se querrá suprimir la acusación particular y se acabará concediendo el uso de la acción penal al ministerio fiscal, monopolizando este uso”.
Pagar por ejercerla
Ruz también reivindicó la imposición de una fianza para la personación en el ejercicio de la Acción Popular. Entre el público asistente, Irma Ferrer, por parte de Transparencia Urbanística, se contrapuso al juez argumentando la escasez de recursos económicos por parte de organizaciones sin ánimo de lucro: “Somos el eslabón más débil. Esto impediría asociarnos y depender sólo del dinero”.
Fuente: Transparencia Internacional
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