El Consejo General de la Abogacía Española, a través de su Fundación, ha constituido un Grupo de Trabajo en temas de Igualdad para incrementar la formación de los profesionales de la Abogacía en la perspectiva de género. El grupo, presidido por Victoria Ortega, máxima responsable de la Abogacía, está formado por organizaciones de referencia en género y justicia, como Women´s Link y Themis, además de Milagros Fuentes, patrona de la Fundación Abogacía Española vinculada a temas de género y María Martín, creadora y coordinadora de la comisión de Igualdad del Colegio de Abogados de Oviedo.
La apuesta por una igualdad es uno de los objetivos de la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, primera mujer que asume este cargo en los 75 años de historia de este organismo.
El enfoque de género debe incorporarse en la actuación letrada como herramienta de cambio social. La Abogacía considera imprescindible aprender a identificar y eliminar prejuicios y estereotipos que mantienen y reproducen distintos modos de discriminación. Para ello, los profesionales han de ser conscientes de la importancia de incluir el enfoque de género en sus actuaciones para utilizar el derecho como un mecanismo generador de igualdad y promotor de un cambio social que favorezca relaciones de equidad y no discriminación.
Esta formación especializada trabajará también para promover el acceso a la justicia en condiciones de igualdad, detectando y eliminando barreras que discriminan a las personas en razón de su sexo.
El grupo de trabajo asesorará también para que la Abogacía institucional corrija la desigualdad en la profesión. Hasta 1922 las mujeres no fueron admitidas en el ejercicio de la profesión, y no en todos los Colegios. Este hecho explica el sesgo androcéntrico que la profesión ha tenido y aún sigue manteniendo, a pesar de que en la actualidad casi el 50% del colectivo sean mujeres. Sin embargo, esta cifra no es sinónimo de una efectiva equiparación a todos los niveles en el ejercicio y en toda la extensión de la profesión, lo que se traduce en un menor peso económico, menor reconocimiento social, menor prestigio profesional, menor presencia y participación institucional de las mujeres abogadas.
En consecuencia, el Consejo General de la Abogacía considera importante y necesario actuar para corregir y evitar esta desigualdad hasta alcanzar una Abogacía asentada sobre cimientos sólidos de igualdad.
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