Wolters Kluwer España, compañía líder en el mercado de soluciones de gestión y servicios de información, formación y software para profesionales, ha entregado en Madrid el XXIX Premio LA LEY de Artículos Doctrinales, que recibió el abogado Alejandro Fernández de Araoz Gómez-Acebo, socio del despacho Araoz & Rueda, de manos de Vicente Sánchez Velasco, consejero delegado de Wolters Kluwer en España.
El jurado, compuesto por relevantes personalidades del mundo jurídico(*), premió el trabajo de Fernández-Araoz, titulado “Repensar la protección del inversor: bases para un nuevo régimen de la contratación mobiliaria” tanto por su calidad técnica como por la sistemática expositiva y ecuanimidad en el planteamiento, además de por su aportación de propuestas para una futura reforma de la legislación financiera en España.
Torres-Dulce, Marchena y Prego de Oliver debatieron sobre el nuevo Código Penal, con el que fueron muy críticos.
El acto, celebrado en la Fundación Rafael del Pino (Madrid) el pasado 28 de mayo, incluyó un debate sobre la reciente reforma del Código Penal en el que participaron el presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena; el fiscal ante el Tribunal Constitucional, Eduardo Torres- Dulce; y Adolfo Prego de Oliver, abogado y ex-magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo.
Manuel Marchena se centró en el delito de malversación de caudales públicos, cuya regulación actual es, según el magistrado, «manifiestamente mejorable y necesitada de revisión», destacando que tras la reforma su tipificación peca de excesiva indeterminación».
Eduardo Torres-Dulce opinó que muchas de las modificaciones son demasiado doctrinarias y se han hecho sin una reflexión sobre el hábitat penal, augurando que provocarán un desbarajuste. Además mantuvo que algunos cambios no responden a una verdadera necesidad, como es el caso de la imputabilidad de las personas jurídicas, tema en el que incidió de manera especial. A su juicio, su nueva regulación provocará un «caos interpretativo» por su «sistemática carencia de coherencia y por la insistencia del legislador en regular asuntos extravagantes».
Adolfo Prego de Oliver, tras lamentar que el ciudadano viva en «un permanente peligro ante la amenaza del Estado» por «los vaivenes del principio de legalidad» que suponen las sucesivas reformas del Código Penal, reconoció a esta última reforma aspectos positivos, como las precisiones introducidas en torno a los delitos de administración desleal y apropiación indebida.
Por vez primera se entregó el Premio Wolters Kluwer al Abogado del Futuro y el Premio de los Lectores del Diario LA LEY.
El I Premio Wolters Kluwer al Abogado del Futuro, creado en colaboración con el Consejo Nacional de Estudiantes de Derecho (CONEDE), recayó en el trabajo titulado «Cláusula rebus sic stantibus y crisis económica: el giro en la jurisprudencia del Supremo», de Renata Isabel Sánchez de Lollano, estudiante de sexto curso de doble grado en Derecho, Administración y Dirección de Empresas de la Universidad Carlos III de Madrid.
Este Premio tiene para Wolters Kluwer el objetivo de anticiparse al éxito seguro de los futuros juristas a quienes la compañía quiere reconocer cuanto antes su talento y su dedicación, apoyando e incentivando los estudios y comentarios jurídicos innovadores y de calidad entre los estudiantes universitarios de Derecho de grado y postgrado.
Finalmente, el I Premio Lectores del Diario LA LEY fue para el Magistrado del Juzgado de lo Social n.º 30 de Madrid José Ángel Folguera Crespo, por su trabajo «Pensión compensatoria y prestación de viudedad después de separación y divorcio: cambio jurisprudencial».
(*) Composición del Jurado del XXIX Premio LA LEY: Adolfo Prego de Oliver y Tolivar (abogado, ex magistrado Sala Penal TS), Eduardo Ortega Martín (director de los Servicios Jurídicos Procesales Corporativos BBVA), Eduardo Torres-Dulce Lifante (fiscal ante el Tribunal Constitucional, ex fiscal general del Estado), Enrique Arnaldo Alcubilla (letrado de las Cortes Generales, catedrático de Derecho Constitucional y abogado en ejercicio), Enrique López López (magistrado de la Audiencia Nacional, Sala de lo Penal), Jesús Remón Peñalver (abogado, socio de Uría & Menéndez, abogado del Estado excedente), Joan Picó i Junoy (catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Rovira i Virgili), Juan Manuel Cendoya Méndez de Vigo (director general de Comunicación, Marketing Corporativo y Estudios Banco Santander), Juan Martín-Queralt (catedrático de Derecho Financiero de la Universidad de Valencia, abogado en ejercicio), Juan Roca Guillamón (catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Murcia), Luis Martí Mingarro (abogado – ex decano ICAM –, académico de número de la Real de Jurisprudencia y Legislación), Luis Rodríguez Ramos (catedrático de Derecho Penal y abogado), Manuel Marchena Gómez (presidente de la Sala 2ª del Tribunal Supremo), Miguel Rodríquez-Piñero (consejero de Estado, catedrático emérito de Derecho del Trabajo), Sonia Gumpert Melgosa (decana del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, vicepresidente del CGAE y presidente de la Comisión de Formación), y Teresa Freixes Sanjuán (catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona).
Fuente: Wolters Kluwer / La Ley
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