La sede colegial malagueña ha acogido la reunión de Unión Profesional de Málaga, donde decanos y presidentes de los principales colegios profesionales de Málaga, con el Presidente del Colegio de Titulados Mercantiles a la cabeza, mostraron su rechazo al anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales, por el que desaparece la obligatoriedad en la colegiación.
A este encuentro asistieron representantes de los Colegios de Abogados, Procuradores, Graduados Sociales, Médicos, Farmacéuticos, ATS, Administradores de Fincas, Titulados Mercantiles, Arquitectos, Gestores Administrativos, Agentes Comerciales y Censores de Cuentas.
Todos ellos acordaron por unanimidad mostrar el rechazo a la desaparición de la obligatoriedad en la Colegiación, dado que las instituciones no suponen coste alguno al erario público, pues se financian exclusivamente con las cuotas de los colegiados. Además, añadieron que los colegios ejercen un control sobre los colegiados, luchando contra el intrusismo profesional, velan por la deontología y ejercen un control disciplinario, exigen la contratación de un seguro de responsabilidad civil a todos los profesionales colegiados, y por último, proporcionan y exigen una formación continua.
La Unión Profesional de Málaga, que representa a unos 45.000 profesionales de la provincia, señaló también que si desaparece la colegiación obligatoria, habrá una disminución de la calidad de los servicios profesionales a los ciudadanos. Además, en opinión de los asistentes, los malagueños carecerán de seguridad a la hora de contratar a un profesional, pues ignorarán si está o no debidamente titulado y cualificado, si tiene seguro de responsabilidad civil, y ante quién podrá reclamar ante posibles negligencias profesionales.
También dejaron constancia de que la transparencia en los colegios, pues desde hace años las cuentas están auditadas y funciona la ventanilla única a disposición de los ciudadanos, los cargos son gratuitos y los honorarios profesionales están absolutamente liberalizados.
Los colegiados señalaron en la reunión que es falso que con la ley se ahorre 7.000.000 € en el Producto Interior Bruto (PIB). También especificaron que este anteproyecto supone una actitud intervencionista por parte del Gobierno, quién puede incluso destituir a una Junta de Gobierno nombrada por el colectivo y hacerse con el control de la institución colegial.
En cuanto a las consecuencias del anteproyecto de Ley, la Unión Profesional de Málaga dejó constancia de que producirá una reducción de las plantillas de trabajadores de los colegios y de los despachos profesionales.
Francisco Javier Lara Peláez, decano del Colegio de Abogados de Málaga, como colegio presente y anfitrión, ha mostrado un rechazo por cuanto supone un retraso en los servicios judiciales de los ciudadanos. Además, avanzaba acerca del contenido de esta reunión mostrar “la oposición unánime de todos los colegios al texto del Anteproyecto”.
Finalizada la reunión, la Unión Profesional de Málaga quiso remarcar que actualmente están trabajando para presentar enmiendas al anteproyecto.
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