El pasado viernes en Madrid tuvo lugar la Jornada Abota Foundation, coordinada por la Asociación Americana de abogados procesalistas y organizada por ECIJA, que aglutinó a numerosos letrados estadounidenses de referencia junto a representantes del sector jurídico español, los cuales analizaron las principales diferencias entre el sistema judicial español y el americano, tendencias del derecho español hacia el sistema americano, y los retos de la justicia frente a la actual situación económica.
ECIJA participó como organizador de esta Jornada, que ha aglutinado a numerosos expertos en Litigación Internacional, Arbitraje y Proceso Civil, procedentes de entidades públicas y privadas, entre las que destacaron: Cándido Conde-Pumpido Touron, Magistrado del Tribunal Supremo y con anterioridad Fiscal General del Estado; Antonio García de Pablos, Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid; Michael T. Callahan, Presidente Nacional de ABOTA; Callahan Martize, L.L.C, St. Petersburg, Florida; Alicia Monsalve y Karin Cabrera, Abogadas de Corporate de ECIJA; Gerald F. Richman, ABOTA Nacional Board Representative, Palm Beach Chapter; Richard Green, West Palm Beach, Florida.
Durante la Jornada se presentaron estadísticas actualizadas sobre el estado del sistema judicial, diferencias de género, número de asuntos y proliferación de determinados asuntos desde el comienzo de la crisis, elaboradas por el Consejo General del Poder Judicial. También se abordaron materias controvertidas, como el nuevo acceso a la abogacía y el Plan Bolonia, así como la necesidad de ulterior armonización entre los países de la Unión Europea para el reconocimiento de la profesión de abogado.
En cuanto a las diferencias entre el jurado español y el americano, los expertos coincidieron en la dificultad de extender los juicios con jurado a los asuntos civiles, y en este sentido, Cándido Conde-Pumpido remarcó que: ‘La principal diferencia estriba en la necesidad de que el jurado español se pronuncie sobre el fallo, esto es, no es sólo suficiente con decidir la absolución o la condena, sino que la actual regulación del jurado español exige una justificación de los motivos que han llevado a sus miembros a la decisión. Por ello, resulta difícil extender los jurados a materias más complejas, tales como delitos económicos’. Por otro lado, Geral Richman, apuntó las diferencias existentes en materia de prueba, y entre las “depositions”, entendidas como declaraciones previas de testigos antes del juicio, desarrolladas en los despachos de abogados. A este respecto Cándido Conde-Pumpido aclaró que ‘no existe en el sistema judicial español “depositions” o declaraciones fuera del juicio, y que la prueba se desarrolla en un juicio oral en el que el juez tiene acceso y percepción directa a la declaración del testigo’.
Para terminar, algunos de los abogados de la asociación se plantearon la designación de magistrados en sistema judicial español, cuestión que fue abordada por los ponentes con detalle, explicando el funcionamiento de la oposición y la progresión en la carrera judicial, así como el nombramiento de los altos cargos en el Poder Judicial y en el Tribunal Supremo.
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