La resiliencia de la sociedad y las medidas de contención evitaron el colapso judicial

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Fundación Wolters Kluwer ha presentado la XIII edición del Informe del Observatorio de la Actividad de la Justicia, patrocinado por Banco Santander. Este informe, que lleva publicándose una vez al año ininterrumpidamente desde 2008, analiza los diversos factores que afectan a la actividad del sistema judicial español, sus problemas y carencias, sus progresos y las medidas a implementar para poder mejorar el servicio público de la Justicia en nuestro país. El informe destaca en esta edición el impacto de la pandemia en la actividad judicial.

La mesa redonda virtual inaugurada por Cristina Sancho, presidenta de la Fundación Wolters Kluwer, ha contado con la participación de Cristina Retana, directora de Innovación y Contenidos de Wolters Kluwer Legal & Regulatory España; Juan Mora- Sanguinetti, abogado y economista titulado del Banco de España- Eurosistema; y Miguel Pasqual del Riquelme, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia.

Una herramienta “insustituible y de gran valor”

Cristina Sancho ha reiterado que este Informe “constituye una herramienta insustituible y de gran valor para entender mejor el comportamiento de nuestros Tribunales, los factores que influyen cuantitativa y cualitativamente en su actividad, y el impacto que produce ésta en la sociedad y la economía española”. Ha añadido además que este trabajo será de gran utilidad para los profesionales involucrados en la gestión de nuestro sistema judicial y también a los profesionales del Derecho y la mediación, por ser una “herramienta que profundiza en el conocimiento y el impulso de nuestra Justicia y por sus propuestas concretas de mejora”.

Indicadores de la Actividad de la Justicia

Con la ayuda de la herramienta de análisis jurisprudencial Jurimetría Cristina Retana ha analizado la estadística judicial del año 2020 obteniendo con ello los diez indicadores típicos de este informe (tasa de resolución, de congestión, de litigiosidad, duración media, tasa de pendencia, número de sentencias y de asuntos ingresados por juez y magistrado, ejecución de resoluciones judiciales, confirmación de resoluciones en apelación o suplicación, y la confirmación de resoluciones en casación) que reflejan la evolución de la actividad de los tribunales año a año y demuestran que la pandemia ha alterado todas las tendencias: “Ha disminuido el número de asuntos ingresados debido a la suspensión de los plazos procesales, pero la tasa de congestión ha aumentado en todas las jurisdicciones; la carga de trabajo de los jueces disminuyó de media a 240 sentencias anuales, estando los de la jurisdicción social un 25% por encima del resto”.

El impacto del covid-19 y la desaceleración económica en la Justicia española

Por su parte, Juan Mora- Sanguinetti se ha centrado en la interacción entre la Justicia y la economía: “La economía reacciona según la Justicia sea eficaz o no; cuando hay una crisis aumenta la litigación, cuando el sistema judicial está congestionado tiene efectos sobre la economía, que sufre y afecta a su vez negativamente al crecimiento de las empresas y la disponibilidad de crédito”. El economista titulado del Banco de España, que ha intervenido en su propio nombre y no en el de la entidad, ha señalado que esta interacción genera un círculo vicioso: una economía en recesión pone en peligro el cumplimiento de los contratos generando más conflictos y aumentando la litigiosidad, y ésta a su vez genera inseguridad jurídica y afecta a la economía de las empresas, incluidas las más pequeñas, así como al atractivo del país como destino inversor, concluyendo que “la Justicia afecta a la economía social y a los bolsillos de los ciudadanos”.

Litigiosidad y sostenibilidad del sistema judicial

El presidente del TSJ de Murcia, Miguel Pasqual del Riquelme, ha iniciado su intervención refiriéndose a la sostenibilidad del sistema y ha explicado que“nuestro tejido social se ha comportado de una manera más resiliente de lo que esperábamos”, refiriéndose a los pronósticos que hizo el año pasado y que el Ministerio de Justicia también realizó al anticipar un crecimiento de la litigiosidad del 33% en 2020 y del 140% en 2021. Como él mismo ha reconocido, esos pronósticos no se han cumplido, “al menos no todavía”.

El magistrado atribuye esta inferior litigiosidad a las acertadas medidas de contención adoptadas por el gobierno (ERTE, moratorias concursales, etc.) y el anuncio de la llegada de fondos europeos. Para terminar, ha repasado algunos datos históricos: “En los últimos 20 años la litigiosidad en España ha crecido en un 667%, lo que refleja una patología cronificada”. Aunque según este magistrado el sistema judicial español ha parado el golpe de momento, es necesario acometer una reforma estructural ya que la extraordinaria litigiosidad de nuestro sistema lastra nuestro desarrollo económico y la confianza ciudadana”.

Entre las medidas que propone en el Informe, Pasqual del Riquelme destacó como prioritarias: la revisión del modelo territorial (que data del s. XIX), la revisión del diseño meramente adaptativo y la cultura de funcionamiento interno, la revisión de las leyes procesales para dar respuesta a las nuevas formas de litigiosidad, la revisión del modelo institucional de revisión de conflictos y la revisión tecnológica de la Administración de Justicia.

Fuente: Wolters Kluwer

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