Conclusiones XXXIV Congreso Unión Progresista de Fiscales: La implantación de la Justicia Digital está suponiendo una fuente de inseguridad jurídica

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CONCLUSION SOBRE EL ESTATUTO

1-La Unión Progresista de Fiscales entiende absolutamente indispensable la realización de una reforma que modifique el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. La paralización prácticamente absoluta de los ascensos a segunda categoría, la inexistencia de concursos con expectativas razonables de movilidad, la desigualdad en los repartos de trabajo, la no existencia de medidas que favorecen la conciliación laboral y familiar no son sinos meros ejemplos de los problemas que, a día de hoy, padecen los compañeros y que no tienen una respuesta, o solución, en el texto vigente de nuestro Estatuto cuya reforma data, dígase de paso, de hace casi diez años.

Por ello, la Unión Progresista de Fiscales insta a la Fiscalía General del Estado que, a la mayor brevedad posible, proceda a la creación de una comisión interna donde se debata, y proponga, la elaboración de dicho texto y en cuyo interior estén representados todos los estamentos del Ministerio Fiscal ya sea desde un punto asociativo (AF, UPF, APIF, Fiscales no asociados) como desde un punto de vista escalafonal (con fiscales pertenecientes a todas las categorías).

CONCLUSION SOBRE JUSTICIA DIGITAL

La implantación de la Justicia Digital está suponiendo una fuente de inseguridad jurídica que genera problemas en distintos planos. La configuración del actual expediente electrónico no responde en manera alguna a criterios de integridad, autenticidad y cronología, advirtiéndose por compañeros el riesgo de concluir numerosos procedimientos en posibles nulidades o en sentencias absolutorias, siendo en ocasiones la coexistencia con el expediente en papel, lo que ha permitido salvar la graves deficiencias del expediente digital y proteger a los intervinientes en él proceso, por cuanto los errores advertidos hubieran conducido necesariamente a sentencias absolutorias.

Las deficiencias de carácter formal del expediente y su reflejo procesal, la falta de regulación concreta y uniforme para todos los órganos judiciales en cuanto a la formación del expediente, la ausencia de formadores/informáticos de manera permanente en las sedes de las distintas Fiscalías, suponen solo algunos de los principales problemas a los que se enfrenta cada Fiscal en su quehacer diario.  El desasosiego y la insatisfacción generado por el expediente digital, suponen el común denominador en las Fiscalías. Su caótico diseño, y la nefasta implantación y desarrollo, hacen necesarias soluciones urgentes. Exigimos, consecuentemente, la ejecución del acuerdo alcanzado por el consejo fiscal del 25 de octubre del 2017 y, por lo tanto, su inmediata paralización.

La Fiscalía General del Estado, en informe de fecha 13 de febrero de 2019, señala la necesidad de la sustitución del actual VISOR HORUS por un auténtico expediente judicial electrónico, remarcando igualmente otras modificaciones que se consideran de absoluta y urgente trascendencia, al afectar alguna de ellas, a la salud del trabajador que claramente se ha visto mermada.

Desde la UPF exigimos del Ministerio de Justicia una respuesta inmediata a las necesidades reclamadas por la Fiscalía General del Estado.

CONCLUSION SOBRE EL ART. 324 LECrim.

    Una vez más, la UPF exige de nuevo  la derogación del plazo máximo de investigación en nuestro proceso penal. A día de hoy, puede afirmarse que el art. 324 Lecrim. no solo no ha cumplido los objetivos deseados, sino que más bien ha agravado la tramitación de las causas penales, generando espacios de impunidad absolutamente intolerables en un Estado de Derecho. La aplicación de este artículo en asuntos  relacionados con la corrupción  (Casos Acal,  Pasarelas,  caso Nazarí  y otros) permiten  considerar su derogación   como una auténtica medida anticorrupción.  

Además, el mantenimiento del plazo máximo de investigación sometido al control de  los fiscales, sin que tengamos atribuida directamente la  instrucción de los delitos  y con los actuales medios,  pone en serio peligro un sistema penal que debe garantizar la protección de los ciudadanos y ciudadanas a través de un proceso justo, y cuestiona gravemente  la principal función del Ministerio Fiscal: ejercer la acción penal de forma imparcial. La derogación de esta norma, pues, es un acto de responsabilidad máxima de un Estado de derecho, que debe garantizar la persecución imparcial de los delitos de una forma segura, durante un período de tiempo razonable, que también deberá tener en cuenta el plazo de prescripción del delito.

CONCLUSION SOBRE EL DISCURSO DE ODIO

Desde la Upf queremos advertir del peligro que la normalización del discurso del odio supone para los valores democráticos.

Este discurso se propaga velozmente en las redes sociales y en los medios de comunicación, llegando a alcanzar  las Instituciones y constituye un ataque intolerable a los derechos de grupos especialmente vulnerables como los inmigrantes o a cualquier movimiento que proclame la igualdad real, como el feminismo, convertidos  en diana de sus dardos envenenados. Además, el mismo es incompatible con la paz social y con la protección de las minorías que debe proporcionar la Democracia

El discurso del odio puede convertirse en la génesis de una violencia no espontánea y que sería perseguible a través de los delitos de odio tipificados en nuestro C.P., cuando se incite no solo a la violencia, sino también al odio, a la discriminación, a la hostilidad contra las personas protegidas en el Código Penal.

CONCLUSIÓN SOBRE EL ACCESO A LAS CARRERAS JUDICIAL Y FISCAL

 

La Unión Progresista de Fiscales entiende que el sistema de acceso a la carrera judicial y fiscal debe ser reformado para adaptarlo a las necesidades y tiempos actuales en un mundo globalizado y digitalizado.

El sistema de test y exposición oral, exclusivamente memorístico es  una suerte de gimnasia o maratón mental que  no puede ser el parámetro de selección de quienes han de tomar decisiones, resolver conflictos y relacionarse con la sociedad a la que pertenecen.

Es preciso llegar a un consenso para alcanzar un sistema accesible a todas las posibilidades económicas, pues ahora, los años que se invierten en la oposición, sin ningún tipo de ayuda económica, suponen un sesgo importante en la determinación de quienes pueden permitirse acceder a las carreras judicial y fiscal.

La necesidad de incorporar además del conocimiento teórico, otras habilidades, tanto lógicas como prácticas, es imperiosa.

Hacer comunes los periodos de formación inicial entre jueces y fiscales, unificando escuelas y para realizar la elección al finalizar el curso teórico, o teórico-práctico de formación, favorecería la flexibilidad, el intercambio de carreras, la riqueza de compartir conocimientos y experiencias y también, iría directamente encaminado a alcanzar mayores cotas de autonomía, incluso en  este período inicial.

Con todo el respeto al sistema de selección que nos ha traído hasta aquí, convenimos que es mejorable y no está adaptado a los nuevos tiempos. Necesitamos, la sociedad necesita un sistema que garantice los principios de igualdad en el acceso, transparencia, motivación, y que en definitiva, nos acerque y no nos separe, de la sociedad a la que estamos llamados a servir.

CONCLUSIÓN SOBRE LAS REIVINDICACIONES DE LA CARRERA FISCAL

         Desde el Congreso de Valencia, y tras el cambio de Gobierno, desde la Unión Progresista de Fiscales hemos continuado en la defensa de una justicia moderna, eficaz, con medios suficientes para defender los derechos de todos los fiscales y de todos los ciudadanos.

El próximo mes probablemente será designado el nuevo Gobierno, y por ello, desde la UPF queremos manifestar que seguimos defendiendo de forma absolutamente firme todas y cada una de nuestras reivindicaciones.

En particular, exigimos:

–      La inmediata derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, fuente de impunidad.

–      Un sistema de justicia Digital eficiente y que lejos de ser una fuente de desesperación, sea una útil herramienta de trabajo.

–      El incremento de la Plantilla de la Carrera Fiscal.

–      La adecuada retribución de las Guardias

–      La reforma del sistema de retribución variable

–      La modificación del complemento de Grupo de Población

–      La recuperación del poder adquisitivo.

Es nuestra voluntad continuar negociando con el Ministerio de Justicia, de forma conjunta con el resto de asociaciones de fiscales y jueces, y en su caso, retomar las medidas de conflicto que quedaron en suspenso con la convocatoria electoral.

CONCLUSIÓN SOBRE LA REFORMA PROCESAL PENAL

         Un año más, desde la UPF volvemos a reiterar la necesidad de adaptar el modelo procesal penal español a las necesidades y la compleja realidad delincuencial del siglo XXI.

En consecuencia, la UPF demanda del legislador recientemente salido de las urnas democráticas que asuma la ineludible tarea de concebir un proyecto serio y definitivo que aborde los problemas estructurales del proceso penal español, acabe con la obsoleta y dispar en el ámbito europeo figura inquisitiva del juez de instrucción y atribuya al Ministerio Fiscal, en condiciones de efectiva autonomía, la dirección de la investigación penal.

Fuente: UPF

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