Conclusiones XXI Congreso de la Unión Progesista de Fiscales

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Barcelona, 3 y 4 de junio de 2016

Código ético

Sin perjuicio de valorar positivamente la iniciativa de la Fiscalía General del Estado en la formulación de un Código Ético, la Unión Progresista de Fiscales quiere hacer una propuesta alternativa al texto oficial, entendiendo que ha de ser un texto no jurídico, en el sentido de que no contenga derechos/obligaciones/sanciones; que nazca de nosotros y no de la jerarquía o ni siquiera de los órganos propios del Ministerio Público, sino del compromiso de los fiscales; que sea fruto de un proceso de reflexión abierto a los expertos, a los fiscales y a la sociedad; que huya de las declaraciones grandilocuentes; que refleje lo que somos y lo que nos gustaría ser. Los fiscales progresistas tenemos mucho que decir en cuanto a compromiso social. Esta es una oportunidad para actualizar el ideario de nuestra asociación que se reclama progresista.

Política informativa de la Fiscalía General del Estado, LEXNET y plazos de instrucción.  

La reforma del artículo 324 de la LECrim es el mejor ejemplo de algunos de los despropósitos legislativos del actual Gobierno en relación con la justicia. Mal concebida, mal redactada y mal interpretada, la entrada en vigor de sus consecuencias está ocasionando importantes desajustes en los profesionales de la justicia y provocando indeseados enfrentamientos entre los letrados de la Administración de Justicia, los jueces de instrucción y los fiscales, en buena parte consecuencia del desafortunado planteamiento asumido por la Circular de la Fiscalía General del Estado. En una carrera sin sentido para dar una estadística positiva a los medios de comunicación, el Ministro de Justicia ha sido capaz de movilizar a todos los juzgados de España en su propio beneficio para lavar electoralmente su deteriorada imagen. El Consejo General del Poder Judicial parece aspirar a quedarse al margen de esta manipulación de la justicia y de esta clara intromisión en la independencia judicial.

La implantación del sistema LEXNET revela el absoluto desprecio del Ministerio de Justicia a la función del Ministerio Fiscal y al funcionamiento de las fiscalías y pone de manifiesto las carencias internas de la propia Fiscalía, la absoluta precariedad de medios y nuestra total dependencia de las decisiones del Ministerio de Justicia pues, pese a las promesas del inicio de legislatura, nada se ha concretado en cuanto a nuestra autonomía presupuestaria, más necesaria que nunca ante las arbitrariedades y chantajes del Ministerio. Mostramos nuestra preocupación por la falta de seguridad y confidencialidad del sistema Lexnet que hace accesible la información a personas e instituciones ajenas al procedimiento.

La Fiscal General y la Fiscalía General del Estado han sido incapaces de responder adecuadamente a estos monumentales desafíos, pese a que el acuerdo y la disposición de la carrera fiscal en ambos temas era unánime. Creemos que ha faltado liderazgo, firmeza y acierto en algunas decisiones y también, una vez más, en la política de comunicación de la institución, ausente en los momentos más necesarios y prescindible en otros.

Pacto de Estado por la Justicia.

La justicia en nuestro país continúa siendo hoy en día uno de los pilares más olvidados de nuestro Estado de Derecho, una de las asignaturas pendientes del legislador. Sin embargo, el Gobierno del Partido Popular aún en funciones ha desmantelado estos últimos años su ya de por sí maltrecha condición. No podemos sino calificar como nefasta la labor desarrollada por los dos Ministros que han dirigido el Departamento de Justicia, Alberto Ruíz-Gallardón y Rafael Catalá.

La ciudadanía aspira a alcanzar progresos y mejoras y la justicia no debe quedarse rezagada. La indignación y desmoralización ciudadana con los numerosos casos de corrupción que salpican diariamente los informativos hacen necesaria, hoy más que nunca, una justicia sólida, eficiente, dotada de los recursos imprescindibles y provista de la necesaria independencia y autonomía para alcanzar sus verdaderos fines como servicio público. La Unión Progresista de Fiscales persiste en su reclamación de atribuir al Ministerio Fiscal, en condiciones de efectiva autonomía, la dirección de la investigación penal.

Una justicia ágil y de calidad precisa de financiación tanto en medios personales como materiales; requiere un número de jueces, fiscales, funcionarios y personal colaborador técnico y cualificado proporcional a las necesidades actuales, así como herramientas informáticas optimizadas y, especialmente, compartidas por las oficinas judiciales y fiscales, evitando así la actual descoordinación. Pero la justicia penal, además de inversión, requiere independencia y transparencia, y el Ministerio Público, en particular, autonomía funcional, organizativa y presupuestaria frente al Ejecutivo de turno para un mejor desarrollo de sus funciones constitucionales, evitando así de una vez las tan indeseables sospechas de injerencia política.

Derechos sociales.

La Unión Progresista de Fiscales muestra nuevamente su alarma ante el desmantelamiento sistemático del Estado social con merma de derechos laborales y sociales. Así, denuncia la práctica supresión de la negociación colectiva, el aumento de la siniestralidad laboral derivado de los recortes en las políticas de seguridad y salud laboral, las indebidas injerencias en el derecho de huelga, la criminalización de la protesta social, la falta de generalización de la asistencia jurídica gratuita en las jurisdicciones social, contencioso y mercantil y la falta de reforma de la legislación hipotecaria y mercantil que mitigue los riesgos del sobreendeudamiento de las familias y excluya la posibilidad de pérdida de la vivienda habitual.

Ante un aumento intolerable de la desigualdad (el 29,2% de la población española se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social) abogamos por la constitucionalización de un mínimo de gasto social que garantice un estándar de igualdad y cohesión social.

Uso del lenguaje.

La defensa por el Ministerio Fiscal de los principios de objetividad, imparcialidad e igualdad ha de exigirse no sólo en el fondo de su actuación ante los Tribunales, sino también en la forma, por lo que el lenguaje utilizado en los escritos que presente ha de reflejar su compromiso con los valores constitucionales, especialmente con el derecho a la dignidad de la persona y con el principio de no discriminación, desechando términos o expresiones que perpetúen estereotipos de cualquier clase.

Refugiados.

La Unión Progresista de Fiscales muestra su solidaridad con las personas migrantes que huyen de conflictos bélicos y buscan asilo en Europa y condena la política adoptada hasta el momento por la Unión Europea en la materia. Manifestamos nuestro rechazo al acuerdo alcanzado con Turquía, que vulnera la normativa tanto internacional como europea en materia de derechos humanos y de derecho de asilo, y reclamamos una implicación del Gobierno de España tanto a nivel legislativo como humanitario.

Tratado Transatlántico de Comercio de Inversión

La Unión Progresista de Fiscales muestra su preocupación ante los avances en la negociación del TTIP y CETA entre la Unión Europea y Estados Unidos y Canadá, dado el riesgo de merma de derechos sociales que dichos Tratados representan. Especialmente preocupante resulta la inclusión de los Tribunales de Arbitraje (ISDS), carentes de legitimidad democrática alguna, que suponen socavar la soberanía del Estado para legislar en materia económica, social, ambiental y de desarrollo.

Transparencia.

La Unión Progresista de Fiscales considera que urge desarrollar los trabajos para la puesta en funcionamiento del portal de transparencia del Ministerio Fiscal en la página web www.fiscal.es, así como el efectivo cumplimiento de los compromisos sobre publicidad e información asumidos por la Fiscalía General del Estado.

Es necesario que, sin demora, se facilite información sobre la agenda institucional como mínimo del Fiscal General del Estado, Inspección, Secretaría Técnica, Unidad de Apoyo, Fiscales de Sala y Fiscales jefes territoriales.

Resulta ineludible dar adecuada publicidad a las compatibilidades reconocidas a los fiscales en los términos establecidos en el art. 57.5 del EOMF y en la legislación especial, así como a aquellas actividades que, aun no requiriendo de concesión formal de compatibilidad, derivan de la condición de fiscal.

Reclamamos la máxima transparencia en las comunicaciones entre los Gobiernos central y autonómicos y el Fiscal General del Estado y Fiscales Superiores de las Comunidades Autónomas, transparencia que igualmente ha de presidir las avocaciones de asuntos por los Fiscales Jefes que se regulan en el art. 23 del EOMF.

El cumplimiento que se está dando a las medidas de transparencia e información recogidas en el Acuerdo del Consejo Fiscal de 20 de mayo de 2015 es en algunos aspectos defectuoso. El orden del día de los Consejos y el listado de peticionarios de plazas de nombramiento discrecional debe remitirse a los fiscales con la suficiente antelación. Del mismo modo, debe hacerse efectiva la publicación de los currículos normalizados de los aspirantes a esas plazas y de los planes de actuación con los que aspiran a las mismas. También ha de facilitarse el acceso de los fiscales y las asociaciones a los informes y documentación no reservada que se trata en el Consejo Fiscal y que afecta al conjunto del funcionamiento y organización de la Carrera Fiscal.

Los nombramientos discrecionales del Fiscal General del Estado deben plasmarse en resoluciones que, conforme a la reciente doctrina del Tribunal Supremo, incorporen la debida motivación, siendo insuficiente la mera remisión a las actas del Consejo Fiscal.

Reiteramos la necesidad de dar publicidad a la financiación con la que las asociaciones de fiscales desarrollan cada una de sus actividades. Su situación económica y las fuentes de financiación pública y, en su caso, privada, ha de ser accesible y publicarse en la página web del Ministerio Fiscal.

Libertad de expresión y Ley Mordaza.

Transcurrido más de un año desde la publicación de la L.O. 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana -la denominada ley mordaza-, la Unión Progresista de Fiscales reclama una interpretación constitucional de la misma para salvaguardar los derechos fundamentales y libertades públicas consagrados en la Carta Magna, garantizando la libertad de expresión, información, manifestación y reunión pacífica.

Consideramos reprobable que una ley de tan importante trascendencia fuese aprobada sin consenso parlamentario y desoyendo tanto al propio Sindicato Unificado de Policía que denunció la existencia de términos sin concretar que deja al criterio y responsabilidad de los propios agentes muchas de las sanciones, como a la crítica de cinco relatores de Derechos Humanos de Naciones Unidas, los cuales firmaron un comunicado en el que expusieron que “los derechos a manifestarse pacíficamente y a expresar colectivamente una opinión son fundamentales para la existencia de una sociedad libre y democrática”.

Modificación de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social  (Sección Territorial de Cataluña)

La Unión Progresista de Fiscales, preocupada por la elevada cifra sumergida de hechos que se cometen y no se denuncian por las víctimas de los delitos de odio y discriminación, tal y como ponen de manifiesto prestigiosos y reconocidos organismos internacionales como la Agencia de Derechos Fundamentales (FRA) de la Unión Europea, exige del Gobierno de España la urgente modificación de la legislación de extranjería a fin de que las personas extranjeras que carecen de permiso de residencia en nuestro país y que hayan sido víctimas de este tipo de delitos obtengan dicho permiso para residir en España y ello con el fin de que puedan sentirse más seguros, evitar el temor a una probable expulsión de territorio nacional si acuden a una comisaría a denunciar el delito del que han sido víctimas, facilitando con ello una mayor confianza en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y en Jueces y Fiscales  para denunciar hechos sufridos y favoreciendo así su eficaz persecución.

Modelo de Fiscal de la U.P.F:

La UPF lamenta tener que reiterar la Conclusión aprobada hace dos años en el Congreso de Cádiz en relación a la modificación del sistema procesal penal atribuyendo a los fiscales la dirección de la investigación penal e insiste una vez más en la necesidad de realizar reformas legislativas que garanticen una configuración del Ministerio Fiscal español verdaderamente conforme a los principios y valores constitucionales, asegurando su autonomía orgánica y funcional, real y efectiva, y un papel en el proceso penal homologable al de los sistemas democráticos desarrollados de nuestro entorno.

Fuente: UPF

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