Jueces, LAJ y abogados examinan en Málaga las luces y sombras de la implantación de los Tribunales de Instancia y la Oficina Judicial

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El nuevo sistema organizativo judicial introducido por la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero,
de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, ha sido el eje vertebrador
de la mesa redonda ‘Incidencias en la implantación de la nueva Oficina Judicial’ que la Real
Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada ha celebrado en Málaga en colaboración
con el Colegio de Abogados de dicha provincia al objeto de analizar las funciones y
disfunciones de su implantación efectiva desde una perspectiva multidisciplinar.

En este sentido, el encuentro jurídico – inaugurado por el presidente de la RAJYL de Granada,
Rafael López Cantal, y la decana de la Abogacía malagueña, Flor Carrasco Gómez- ha contado
con la visión de la Judicatura, los Letrados de la Administración de Justicia y la Abogacía. En
concreto, la cita reunió ayer en salón de actos Decano Andrés Oliva García al presidente del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, Lorenzo del Río Fernández; la
presidenta de la Audiencia Provincial de Málaga, Lourdes García Ortiz; la presidenta del
Tribunal de Instancia de Málaga, Cristina Hurtado de Mendoza Navarro; el secretario
coordinador provincial de los LAJ de Málaga, Pablo Jiménez Villarejo; y la diputada de la Junta
de Gobierno y responsable de la Comisión de Relaciones con la Administración de Justicia de la
Abogacía malagueña, Sonia Cámara Gamero.

Los juristas coincidieron en las ventajas que pretende aportar el nuevo modelo, como la
unificación de criterios, la homogeneización de recursos, la mayor facilidad a la hora de crear
plazas para jueces y funcionarios, el correcto escalonamiento de los señalamientos o la
agilización de la justicia a largo plazo. Sin embargo, “ahora mismo estamos en un escenario de
ensayo, de propuestas, de inseguridad y de miedos”, indicó Del Río Fernández, que ofreció una panorámica global de las incidencias que la puesta en práctica de la reforma -actualmente en
su fase III- está generando. La falta de un sistema informático adecuado que facilite la
intercomunicación real, el reajuste de las instalaciones y personal a estructura de Tribunal de
Instancia y Oficina Judicial, el riesgo de pérdida de control por parte de los jueces o la
dispersión de la responsabilidad de los funcionarios son algunos de los problemas y amenazas
que evidenciaron los representantes del ámbito jurídico.

A esto se suma la queja generalizada por la celeridad de la reforma. “Aunque venimos
reclamando un cambio, éste ha venido como un tsunami”, comentó García Ortiz, tras exponer
la nueva distribución de los órganos judiciales en la Málaga. “Vamos a intentar ponerle sentido
común a lo que la LO 1/2025 ha lanzado sin previsión, sin tiempos realistas y sin conocer las
dotaciones autonómicas para justicia”, añadió Hurtado de Mendoza Navarro, encargada de
esbozar la adaptación a la ley del Tribunal de Instancia de Málaga. “Nos ha caído la enorme
responsabilidad y carga de aplicar en la práctica esta reforma y es un reto enorme, porque se
produce sin proyectos pilotos, con plazos cortísimos y con un gran déficit de planta judicial”,
señaló Jiménez Villarejo, que esbozó la estructura de la nueva Oficina Judicial malagueña. Por
su parte, Cámara Gamero denunció el retraso estructural de la justicia y la falta de
comunicación como principales hándicaps para la Abogacía y la Procura, demandando el
impulso de un Expediente Judicial Electrónico que “en Andalucía no funciona”.
De ahí que todos los invitados al acto señalaran la colaboración entre profesionales como el
pilar fundamental para la correcta implantación de los Tribunales de Instancia y la Oficina
Judicial. “El objetivo de la LO 1/2025 es correcto, pero va a exigir una coordinación
extraordinaria”, pronosticó el presidente del TSJA, en concordancia con el resto de sus colegas.
El evento, celebrado en el marco del 250º aniversario de la Abogacía de Málaga, sirvió también
para afianzar los ya de por sí sólidos vínculos históricos entre esta Corporación profesional y la
Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada que, como indicó su presidente,
extiende su ámbito de actuación a Andalucía Oriental.

Fuente RAJYLGR

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