Una reforma inmediata y a fondo para mejorar el funcionamiento de la Justicia y un Pacto de Estado que evite que ésta tenga intromisiones externas. Estas son las principales peticiones que realizan los ciudadanos españoles a los políticos según los datos extraídos del Barómetro Externo 2015 (INFORME V BARÓMETRO EXTERNO CGAE NOVIEMBRE 2015) realizado por Metroscopia y encargado por el Consejo General de la Abogacía Española.
Los ciudadanos creen que la Administración de Justicia funciona en conjunto mal: lo reconoce un 53% de los españoles, frente a un 32% que considera que actúa bien. Ambos porcentajes han ido creciendo a lo largo de los últimos 28 años, a costa de quienes en 1987 consideraban que funcionaba “regular”. Con el paso de los años la opinión de los ciudadanos se ha ido polarizando, acentuándose la distancia entre los porcentajes que emiten un diagnóstico favorable y desfavorable: en 1987, era de 8 puntos, y ahora de 21 puntos. Esta calificación ciudadana, negativa mayoritariamente, se fundamenta en las siguientes percepciones:
Estas ampliamente mayori
tarias críticas, por sí solas, configuran a la Justicia como una institución organizativamente desfasada y funcionalmente poco eficiente. Al mismo tiempo, y no sin cierta paradoja, una amplia mayoría ciudadana considera que:
Sondeo tras sondeo, una masiva proporción de españoles (81%) expresa una misma amarga conclusión: todos los gobiernos, del color que sean, han tenido más interés por controlar la Justicia que por dotarla de los medios suficientes para que pueda funcionar mejor. De ahí, sin duda, una doble petición urgente que de forma prácticamente unánime expresa la ciudadanía:
Respecto al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el 82% de los encuestados concluye que el órgano de gobierno de los jueces tendría que dar cuentas de forma regular y clara de cómo desempeña sus funciones. Según el Barómetro Externo, nueve de cada diez españoles dicen en el momento actual que tal y como ahora está organizado y funciona el CGPJ necesita una reforma urgente y profunda; ocho de cada diez creen que decide sobre cargos y nombramientos de jueces más por criterios políticos que en función de factores exclusivamente técnicos y profesionales; y seis de cada diez consideran que no cumple adecuadamente su función de defender la independencia judicial. Un diagnóstico ciudadano de conjunto más severo que el expresado en 2011.
SITUACIÓN DEL ESTADO DE DERECHO: GRAVE EROSIÓN DE SU IMAGEN
De los datos obtenidos del Barómetro, se constata que a lo largo de los diez últimos años se ha producido una llamativa y sin duda grave erosión en la imagen que la ciudadanía española tiene de su Estado de Derecho.
En el momento actual, un 60% de la población cree que nuestro Estado de Derecho está en peor situación que en el conjunto de los países más avanzados; en 2005 esta respuesta la daba solamente un 38% de los ciudadanos.
IMAGEN DESTACADA DE LA ABOGACÍA FRENTE A OTRAS INSTITUCIONES
Los abogados vuelven -una vez más- a ocupar un lugar claramente destacado en la clasificación de confianza institucional que establece la ciudadanía. Este dato resulta doblemente destacable por dos motivos:
La amplia experiencia demoscópica disponible indica que en períodos de crisis y dificultades (como ha sido el caso en España en los últimos ocho años) el tono vital colectivo declina y eso se traduce en un descenso del grado de confianza en las instituciones. En cambio, cuando el estado de ánimo de la sociedad mejora también tiende a hacerlo la confianza ciudadana en las instituciones.
Entre 2011 y 2015, siguen ocupando los primeros lugares las instituciones que la ciudadanía percibe como “altruistas”: es decir, las que se asocian más directamente con la defensa del bien común (científicos, policía, fuerzas armadas, Seguridad Social, Cáritas y las pymes, a las que se estaría reconociendo su capacidad de resiliencia en circunstancias sumamente adversas). Esta suele ser la pauta común en prácticamente todos los países.
Respecto a los abogados, la capacidad que demuestran, año tras año, de mantenerse en un confortable lugar medio-alto del ranking general indica que su positiva consideración social no es coyuntural sino estable y consolidada. Algo que, en principio, podría incluso resultar sorprendente por la naturaleza de sus funciones: el abogado goza ciertamente de la confianza total de sus representados, pero al mismo tiempo —y con toda probabilidad en igual medida—concita desconfianza y recelo en la parte contraria (que, a su vez, confía plenamente en su abogado). Los españoles consideran que, mediante la total entrega a la defensa de sus representados, los abogados realizan una contribución a la Justicia: es decir, llevan a cabo una función de interés público. Algo que, sorprendentemente, no parece tener tan claro nuestra ciudadanía respecto a jueces y tribunales. Estos no solo no logran superar con alguna holgura —como cabría esperar en principio— a los abogados en el ranking de confianza sino que, en realidad, llevan ya varios años quedando ligeramente por detrás.
GRADO DE SATISFACCIÓN CON LOS SERVICIOS DE LOS ABOGADOS: ALTA PUNTUACIÓN EN ATENCIÓN, TRATO Y PREPARACIÓN
Entre quienes alguna vez han acudido al despacho de un abogado (56% de la población), el grado de satisfacción con los servicios profesionales recibidos sigue manteniéndose a un nivel muy elevado. La satisfacción de conjunto es puntuada con un 7.0, destacando de modo especial la atención y el trato recibidos (7.9 de nota media), así como la preparación técnica del abogado y su interés por el asunto encomendado (7.3 y 7.2, respectivamente). Incluso el importe de los honorarios cobrados merece una evaluación positiva (6.5): la relación coste/beneficio que implica recabar asistencia letrada es percibida de forma favorable por quienes han utilizado alguna vez los servicios de un abogado. Algo que queda confirmado por el hecho de que el resultado conseguido sea evaluado con un asimismo sustancial 6.6.
GRADO DE EXPERIENCIA CON EL MUNDO JURÍDICO: SE MANTIENE LA TENDENCIA ALCISTA
El grado de contacto de la población española con su sistema jurídico mantiene la pauta de gradual incremento detectada ya en los Barómetros anteriores. En el momento actual los españoles que dicen haber acudido al despacho de un abogado para consultar algún problema de tipo jurídico representan ya un 56%, el porcentaje más alto jamás registrado, superior en 33 puntos al registrado en 1978.
En nuestra sociedad, la utilización de asistencia letrada se ha convertido ya en una experiencia mayoritaria. En este sentido, los datos de actual sondeo confirman lo ya detectado en los Barómetro de 2008 y 2011: la utilización de los servicios de los abogados tiende a ser similar en todos los sectores sociales. Este dato invita a concluir que la consolidación del actual sistema de Justicia Gratuita parece estar logrando que nadie que pueda necesitar asistencia jurídica se vea impedido de conseguirla por falta de medios económicos.
LEY DE TASAS: INDEFENSIÓN Y JUSTICIA A DOS VELOCIDADES
Los españoles conceden —aunque no de forma masiva— que la introducción de tasas en la Justicia pueda tener como efecto desanimar a quienes solo recurren a los tribunales para dilatar sus casos. Pero de lo que no parecen tener duda es que, a cambio, muchas personas han tenido que renunciar a defender sus derechos ante un juez, con la consiguiente indefensión (85%), lo que ha dado lugar a una justicia de ricos y otra de pobres (84%). Adicionalmente, un 60% cree que las tasas no han servido para mejorar la dotación económica de la Justicia gratuita.
Fuente: Abogacía
Tags: Abogacía, Abogados, Administración de Justicia, Agenda, Barómetro, CGAE, Derecho, Justicia, Metroscopia
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