Documentos como el Código Penal, el reglamento de circulación, las inspecciones técnicas obligatorias de los vehículos o las reglamentaciones y directivas relativas a la seguridad de las infraestructuras han permitido en los últimos años reducir de manera significativa la siniestralidad en nuestras carreteras.
Con el objetivo de poner sobre la mesa las responsabilidades derivadas de cada uno de los implicados que intervienen en la circulación –personas, vehículos e infraestructuras- Simeprovi (Asociación Española de Fabricantes de Sistemas Metálicos de Protección Vial) y la Fundación Pons, en colaboración con el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, han celebrado hoy una jornada dirigida a todos los profesionales de entidades públicas y privadas que trabajan en el sector de la carretera.
La inauguración fue a cargo de Jose Manuel Pradas, diputado del Colegio de Abogados de Madrid, que actuó como anfitrión del evento, Pere Macias, presidente de la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible del Congreso de los Diputados, María Jesús Magro, directora de la Fundación Pons y el presidente de Simeprovi, Juan Manuel Álvarez.
En su intervención, Pere Macias, tras destacar el “magnífico trabajo realizado por Simeprovi a favor de la Seguridad Vial”, pasó a comentar que los extraordinarios avances que se han producido en los últimos años en España en esta materia han permitido a nuestro país ocupar un lugar destacado en el concierto internacional. En este sentido, puso de manifiesto la importancia que para esta mejora han tenido las que denominó “las tres C”, es decir, el consenso político, la cooperación institucional y la cohesión social, siendo esta última la más relevante.
A continuación intervino el presidente de Simeprovi, quien señaló que con esta jornada la Asociación quiere dar un paso más a favor de la Seguridad Vial y dar voz a otros colectivos, pues “queda mucho por hacer en el ámbito de la Seguridad Vial y esto debe ser una responsabilidad compartida”.
Sergio Corredor, director general de Simeprovi, aprovechó su intervención para analizar el reglamento de fabricación, ensayo e instalación de barreras de seguridad vial: “Los fabricantes de equipamiento para carreteras, somos conscientes de la importancia de desarrollar productos que cumplan todas las normas y directivas, para que puedan contribuir a mejorar nuestras vías”.
Por su parte, la directora de la Fundación PONS, María Jesús Magro, resaltó la importancia de la formación, educación y concienciación en Seguridad Vial, claves para mejorar la conducción responsable y por lo tanto reducir las victimas de tráfico, uno de los principales objetivos de la Fundación PONS.
La primera sesión se abrió con la intervención del Fiscal Delegado de Seguridad Vial en la Comunidad de Madrid, José María García Atienza, quien relató la importante labor que está realizando la Fiscalía en esta materia. En su exposición destacó las últimas reformas legislativas que han permitido hacer frente a la problemática existente en esta materia y sus mecanismos que han contribuido a la mejora de la Seguridad Vial en nuestro país.
Jacobo Díaz, director general de la Asociación Española de la Carretera, comentó la importancia que ha tenido el factor normativo y la vigilancia sobre los usuarios de las carreteras en la reducción del número de víctimas, pero incidió en que esta tendencia podría verse truncada si no se tiene en cuenta la influencia de las infraestructuras en la accidentalidad.
Eduardo Gómez-Pinto, responsable del área de Seguridad Vial de la Fundación PONS, explicó las iniciativas formativas de la Fundación PONS, que llevan desarrollando desde hace más de 60 años: “La investigación y la educación son elementos claves para lograr una sociedad más madura y el aprendizaje en materia de Seguridad Vial juega un papel clave para lograr este objetivo”.
Javier Villalba, jefe de la Unidad de Normativa de la Subdirección de Intervención y Políticas Viales de la DGT, explicó el borrador del anteproyecto de Real Decreto para modificar el Reglamento General de Circulación. En este sentido, Villalba señaló, que “con estos cambios, la DGT lo único que busca es lograr unas carreteras más seguras para todos los usuarios”.
En su intervención Juan Manuel Reyes, presidente de la Asociación Mutua Motera, adelantó que su asociación intentará incorporar una modificación en el Código penal, que posibilite que los responsables de la Administración Central, Provincial y Local con competencias en carreteras puedan responder ante la Ley como el resto de los usuarios de las vías. Según Reyes: “La Ley debe ser respetada y cumplida por todos los usuarios de las vías, pero las Administraciones también deben cumplir y respetar las normas que garantizan la seguridad de todos”.
Como no podía ser de otra manera y representando a las Asociaciones de Víctimas de Accidentes de Tráfico en la Comisión de Expertos del Ministerio de Justicia y Ministerio de Educación, José Pérez pidió a los todos presentes: “Responsabilidad para unir fuerzas, para poder seguir reduciendo el número de víctimas de accidentes de tráfico”.
Fuente: Fundación Pons
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